(Fotos) Más sangre derramada en el Bajo Aguán, Honduras.

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Cinco ataques mortales contra organizaciones campesinas en menos de una semana. A las 10.30 de la mañana de este miércoles (5/10), dos directivos del asentamiento La Aurora, integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Pedro Alfredo Matamoros Bonilla y Heder Jael Sánchez Cruz, fueron acribillados por desconocidos a la altura de la finca San Isidro, Sinaloa, en el Bajo Aguán.

De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los disparos que impactaron en la humanidad de los dos directivos del MUCA, que actualmente están hospitalizados en graves condiciones, provinieron de las plantaciones de palma africana de la finca San Isidro, propiedad del terrateniente y productor palmero, Miguel Facussé Barjum.

La noticia llegó justo mientras en Tegucigalpa el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, disertaba sobre la costante violación a la libertad de expresión y la impunidad en Honduras, en el marco de un importante Foro organizado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

“Es lamentable lo que sigue sucediendo en el Aguán, justo en ese momento cuando estamos desarrollando una actividad que tiene que ver mucho con la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y a la vida”, dijo Jonny Rivas, directivo del MUCA.

Rivas explicó que Pedro Alfredo Matamoros Bonilla recibió tres impactos de bala, uno de los cuales le entró en la boca con orificio de salida por la oreja. Heder Jael Sánchez Cruz recibió dos impactos de bala en la ingle. “Se desplazaban en vehículo por la finca San Isidro, que está permanentemente resguardada por guardias de seguridad de Miguel Facussé, y desde ahí dispararon al vehículo. No hay duda de que fueron atacados desde un lado de la carretera, desde la plantación. Pedro Matamoros está herido de gravedad y su vida está en peligro”, afirmó Rivas.

Para el directivo del MUCA el operativo Xatruch II impulsado por el régimen de Porfirio Lobo no sólo no está resolviendo el grave conflicto agrario que hay en la zona del Valle del Aguán, sino que lo está profundizando. En menos de una semana se registraron tres atentados contra campesinos organizados que dejaron un saldo de dos personas asesinadas (Carlos Humberto Martínez y Enelda Fiallos) y tres heridos de gravedad (Germán Castro, Pedro Alfredo Matamoros Bonilla y Heder Jael Sánchez Cruz), un intento de secuestro (Marco Antonio Paredes) y un desalojo violento (finca La Consentida).

“Siempre hemos expresado que la militarización no es la solución, porque viene a sumarse a los grupos paramilitares que operan en la zona al servicio de los terratenientes. El resultado es una secuela de atentados en contra de los campesinos organizados. Quieren perjudicar la estabilidad y el desarrollo de la organizaciones campesinas”, concluyó Rivas.

© Fotos Giorgio Trucchi – Rel-UITA
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La militarización del Bajo Aguán sólo trae muerte y destrucción
Campaña de terror contra familias campesinas en Rigores

Por Giorgio Trucchi – Rel-UITA

El 24 de junio pasado unas 150 familias campesinas de los caseríos colindantes con la comunidad de Rigores, en la margen izquierda del río Aguán, fueron brutalmente desalojadas y sus casas quemadas y destruidas. Pese a la campaña de terror impulsada por militares y policías, la gente volvió a recuperar sus tierras y defiende su derecho a vivir en paz.

Casas quemadas, paredes de ladrillos y techos derribados, cultivos y proyectos alimentarios destruidos, gente detenida y golpeada. De las seis aulas de la escuela, solamente una resistió al impacto de la retroexcavadora. Hasta la iglesia fue arrasada.

La gente aglutinada en el Movimiento Campesino de Rigores (MCR) calcula en 120 las casas abatidas por la violencia irracional de militares y policías que, según Porfirio Lobo, estarían en el Bajo Aguán para garantizar la seguridad y la paz de la población.

Después de haber recuperado hace 11 años estas tierras que estaban ociosas, el MCR ha sufrido cinco desalojos. El último ha dejado secuelas profundas en la población, sobre todo en los niños y niñas.

“Fue algo terrible. Entraron con violencia y comenzaron a destruir todo, sin ningún respeto. Nos insultaban, nos sacaban de nuestras casas. Comenzaron a quemarlas y a derribar las paredes. Fue un infierno y muchas personas ni siquiera pudieron sacar sus pertenencias. Los niños sufrieron un fuerte trauma y aún no se han recuperado”, dijo Hilda, directiva del MCR.

La maestra del kínder (preescolar) Sofía López, confirmó a Sirel estas graves secuelas psicológicas. “Cuando miran los militares o los policías corren a buscar a sus padres, se esconden, se ponen a llorar. Estoy tratando de que recuperen la confianza y que acudan a clase para que no pierdan el año escolar”, afirmó.

Pese a la campaña de terror, la violencia no logró debilitar el espíritu de estas familias campesinas. Pocos días después del desalojo volvieron a recuperar sus tierras.

No cesa la represión

Desde que volvieron a recuperar sus tierras y a comenzar a levantar sus casas, los miembros del MCR han seguido sufriendo el hostigamiento y la represión.

“El 2 de agosto estaba trabajando en la construcción de un pozo cuando llegaron tres patrullas de la Policía disparando con unos M-16. Mientras les decía a unos niños que se tiraran al suelo una bala me atravesó el brazo y se colocó cerca de la columna. No me han podido operar y he perdido el uso del brazo herido”, relató desconsolado Adiel Lara, miembro del MCR.

Según Hilda, ese trágico episodio es parte de una verdadera campaña represiva en contra de la comunidad.

“Vivimos en el terror. Los militares y policías entran en los caseríos, nos amenazan, nos tratan como delincuentes, nos insultan y nos dicen que nos van a matar. A mí hasta me metieron una pistola en el pecho para que dijera dónde estaba mi marido.

En lugar de dar mayor seguridad, como dice el gobierno, la militarización en el Bajo Aguán ha traído más violencia y represión. Nosotros no somos delincuentes, sino un movimiento campesino que lucha por sus tierras”, dijo la directiva del MCR.

Secuestro y tortura

Lo que le ha tocado vivir al joven Santos Bernabé Cruz Aldana, de 16 años, es algo que impacta en lo más profundo.

“El 19 de septiembre estaba reparando una bicicleta en mi casa cando llegaron varios militares disparando. Rodearon la casa y nos obligaron a salir. Me tiraron al piso, me quitaron la camisa, me amarraron las manos con los cordones de los zapatos y a empujones me llevaron hacia el cementerio. Después comenzaron a golpearme”.

En su dramático relato, Santos Cruz explicó que los militares lo montaron a una patrulla de la Policía y que le pedían que les diera informaciones sobre algunos episodios ocurridos en la zona y que les dijera dónde estaban las armas.

“Me pusieron una bolsa plástica en la cabeza para que me ahogara. Seguían golpeándome, apuntándome con el fusil, poniéndomelo en la boca. Después me rociaron todo el cuerpo de gasolina y me amenazaron con quemarme vivo. Otros decían que era mejor enterrarme vivo o amarrarme una piedra en la cintura y tirarme en el río Aguán. Estaba aterrorizado y sentía que me iban a matar”, dijo el joven.

Finalmente, Cruz fue llevado a la posta de Policía y fue liberado el día siguiente, no sin antes ser nuevamente amenazado de muerte. Ahora vive escondido y tuvo que abandonar su hogar.

Asegura que la militarización sólo trajo más problemas y represión.

Notas:

Galería fotográfica Rigores 1 (LINyM)
Galería fotográfica Rigores 2 (Rel-UITA)
Galería Militarización 1 (LINyM)
Galería Militarización 2 (Rel-UITA).

 

Por Giorgio Trucchi

 

Fuente: http://www.defensaterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10262:mas-sangre-derramada-en-el-bajo-aguan&catid=362:resistencias-luchas-y-alternativas&Itemid=176